En Chile, donde el metal blanco se extrae del Salar de Atacama, la Contraloría General de la República (CGR) cerró el último capítulo de un acuerdo que avizora redefinir el panorama energético. Sin embargo, en esta historia, el organismo que lidera Dorothy Pérez no actuó como un simple espectador, sino que fijó reglas claras y estableció límites firmes a la incursión privada en la explotación del litio.
Uno de los puntos clave de la intervención de la CGR es la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Lejos de ser una norma jurídica vinculante, la Contraloría recordó que la ENL es solo un instrumento de planificación, y no altera el marco institucional ni las leyes vigentes. Es decir, no representa una autorización legal explícita para la explotación del litio, sino una herramienta orientativa.
En este contexto, la CGR recalcó que la explotación del litio solo puede realizarse bajo el artículo 19 N°21 de la Constitución, el cual habilita al Estado a emprender actividades empresariales únicamente cuando exista una autorización legal expresa. En el caso de Codelco, esa autorización proviene de su ley orgánica y de su rol como empresa estatal minera.
Condiciones estrictas de la CGR
El acuerdo entre Codelco y SQM, que marca una alianza estratégica para la explotación del litio hasta 2060, pasó por un proceso lleno de rectificaciones, ajustes y observaciones. Para dar su visto bueno, la CGR impuso estrictas condiciones.
La creación de Minera Tarar, la filial de Codelco que será parte de la sociedad, debe someterse a un control previo de legalidad. Esta no es una formalidad, sino una instrucción contundente que asegura que, aunque el litio se perfila como un recurso clave para el futuro energético, el control estatal sobre su explotación debe mantenerse.
La participación de Codelco en la sociedad no es solo una cuestión numérica, sino una cuestión de soberanía. La Contraloría dejó en claro que el Estado debe mantener más del 50% de control efectivo sobre la operación y que cualquier intento de modificar esa proporción deberá someterse a un control legal riguroso.
Estamos frente a un recordatorio de que, aunque el litio pueda ser manejado bajo las reglas del mercado, el Estado debe marcar el paso, sin ceder su espacio en el escenario.
La fiscalización, por cierto, no es solo una formalidad. La CGR también estableció que los recursos destinados a las comunidades deben cumplir con los principios de probidad y eficiencia, para evitar que se desvíen hacia otros intereses privados. La Contraloría recalca que, incluso en los mejores de los negocios, el interés público debe prevalecer.
El papel ineludible del Estado en el futuro del litio
De todos modos, persisten incertidumbres. A pesar de las garantías que dieron las empresas involucradas respecto a la resolución de las respectivas observaciones antes del 31 de diciembre, el proceso sigue en un terreno incierto. El mercado, ávido de certezas, no escapa de la sensación de que, en este joint venture entre Codelco y SQM, hay un gran tablero de juego.
La creación de Minera Tarar es solo el primer paso en un recorrido que, aunque lleno de promesas de progreso, mantiene muchas incógnitas.
En medio de este juego de poder y recursos, la contralora Pérez dejó en claro que el litio no es solo una mercancía para el futuro energético, sino una pieza clave para el país que se debe manejar con rigor y control, y donde el Estado no puede permitirse ser un espectador pasivo.
Se genera la figura de que el Estado, inmerso entre los negocios y las promesas de futuro, debe mantener su rol como regulador y guardián de los intereses nacionales.
Seguramente, este es un mensaje con tintes de advertencia: aunque el futuro esté lleno de posibilidades, nunca se debe perder de vista el poder que el Estado puede ejercer en el juego del litio.
