La discusión legislativa sobre el uso de agua de mar para desalinización volvió al centro del debate tras la presentación del Consejo Minero y de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Ambas entidades coincidieron en que contar con una regulación clara es clave para enfrentar el déficit hídrico que afecta a gran parte del país y para asegurar la continuidad operativa de sectores estratégicos como la minería.
La propuesta legal establece un marco para la construcción, operación y concesión de plantas desaladoras, infraestructura considerada esencial en zonas donde las fuentes continentales ya no logran sostener la demanda residencial ni industrial. Tanto ACADES como el Consejo Minero recalcaron que la desalación y el reúso se han convertido en herramientas indispensables para ampliar el abastecimiento de agua y disminuir la presión sobre ríos, asegurando la seguridad hídrica .
Desalación en minería: infraestructura crítica y desafíos regulatorios
Durante la sesión, ACADES advirtió que varias regiones del país enfrentan un déficit hídrico estructural, lo que mantiene bajo tensión el suministro de agua potable y la competitividad de sectores productivos. Su director ejecutivo, Rafael Palacios, planteó que un marco normativo sólido permitiría acelerar nuevas inversiones y resguardar la operación continua de las plantas, que suelen diseñarse para funcionar por más de seis décadas.
El Consejo Minero, en tanto, destacó que la minería concentra más del 80% de la capacidad de desalinización existente en Chile y que la utilización de agua de mar ha permitido reducir de manera sostenida la extracción desde fuentes continentales. El gremio planteó la necesidad de ajustar los plazos de concesión, actualmente definidos en 30 años, debido a que no siempre se alinean con la vida útil de los proyectos mineros.
Ambas organizaciones coincidieron en que el proceso de concesiones debe evitar duplicidades entre organismos públicos, ya que una revisión paralela o superpuesta podría ampliar los tiempos de tramitación y aumentar la incertidumbre para nuevas plantas. También insistieron en establecer reglas claras para la continuidad operacional de infraestructura catalogada como crítica, particularmente en zonas con estrés hídrico severo.
Pese a las observaciones, los gremios valoraron el avance del proyecto y reiteraron su disposición a aportar insumos técnicos para perfeccionar la futura ley. A su juicio, un marco regulatorio moderno permitirá impulsar nuevas inversiones en desalinización y reúso, otorgar certezas a largo plazo a comunidades y operaciones mineras, y fortalecer la seguridad hídrica en un escenario de demanda creciente y disponibilidad limitada.
