En su reciente Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric proyectó nuevamente el futuro del país en torno al impulso de sus recursos naturales. Esta vez, el litio fue el protagonista: lo calificó como el “nuevo sueldo de Chile”, elevó la Estrategia Nacional del Litio a la categoría de “hito histórico” y se comprometió a generar beneficios tangibles para la ciudadanía en un horizonte de diez años. Aunque la planificación tiene bases sólidas, su ejecución plantea desafíos de envergadura.
El acuerdo entre Codelco y SQM para operar en el Salar de Atacama es, claramente, un hito sin precedentes. Su relevancia no se limita al volumen de recursos comprometidos ni a su proyección hasta 2060, sino también al modelo de asociación público-privada que propone: una transición gradual del control operativo desde el sector privado hacia una empresa estatal, en medio de la creciente demanda global por minerales críticos.
Proyección y exigencias de un nuevo modelo
Desde La Moneda y desde Codelco, el acuerdo se valora como un avance estratégico. Se estima que entre 2025 y 2030 el Estado recibirá el 70 % del margen operacional, cifra que aumentará al 85 % a partir de 2031. A esto se suma la incorporación de tecnologías que prometen reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia extractiva.
Eso sí, la viabilidad de este modelo se basa, en gran parte, en la capacidad de Codelco para asumir este nuevo rol. La estatal se encuentra en un proceso de recuperación, tras varios años de baja producción y ajustes de costos. Aunque el balance 2024 mostró señales positivas, transformarse en un actor global del litio en menos de una década es un desafío no menor, tanto en términos técnicos como financieros.
Un acuerdo en contexto electoral
La asociación también comenzó a entrar en el terreno político. Evelyn Matthei, una de las cartas presidenciales con mayor proyección, cuestionó el proceso, aunque la Fiscalía Nacional Económica le dio su visto bueno. En un contexto electoral, es probable que el acuerdo entre Codelco y SQM se transforme en un tema de debate frecuente.
Cabe señalar que, hasta 2030, la administración general seguirá en manos de SQM, con Codelco en la presidencia del directorio. Recién desde 2031, la estatal tomará el control total, tanto operativo como financiero. Este período de transición será clave: no solo se espera mantener la producción, sino también avanzar hacia estándares medioambientales más exigentes y lograr una coordinación efectiva entre ambas partes.
A esto se suma la reciente alianza entre Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga, que también puede leerse como una acción para consolidar una estrategia de largo plazo. Con una inversión estimada en USD 900 millones y el uso de tecnología de extracción directa de litio, el proyecto busca diversificar riesgos y tecnologías. Aunque, como suele ocurrir en minería, los resultados no serán inmediatos.
La oportunidad de aplicar una fórmula diferente
De todas formas, el acuerdo representa una oportunidad significativa para redefinir el rol del Estado en la industria del litio. Ya se concretaron avances en términos de participación pública, continuidad operativa e innovación tecnológica. Sin embargo, aún quedan interrogantes: la ejecución, los tiempos políticos y la necesidad de una consulta indígena en el Salar de Atacama, que aún no comienza, siguen siendo puntos insoslayables del proceso.
Como declaró el presidente en su Cuenta Pública, se abre un nuevo capítulo para el litio chileno. El potencial está, pero su materialización dependerá de la consistencia de las decisiones que se tomen y de la capacidad técnica de los actores involucrados. Un gran desafío, más allá de soñar con un nuevo sueldo de Chile, es alcanzarlo con responsabilidad, pragmatismo y visión de largo plazo.
