La Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), representa un esfuerzo del gobierno de Gabriel Boric para proteger la biodiversidad de Chile. Sin embargo, su implementación genera controversias, especialmente respecto a la declaración de los 99 sitios prioritarios, que abarcan alrededor de 4 millones de hectáreas.
La forma en que se delimiten y definan esos territorios podría afectar actividades productivas esenciales como la minería, la agricultura, la silvicultura y la salmonicultura.
Aprobada en 2023, la ley tiene como objetivo central fortalecer la protección de la biodiversidad mediante políticas de conservación y la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Sin embargo, su implementación se percibe como ambigua por el mundo empresarial, en línea con la incertidumbre sobre las implicancias de la designación de estos sitios.
Una declaración conjunta que incluyó a actores como SONAMI, APRIMIN, la CPC y SalmonChile expresó la preocupación de que estas áreas de conservación restrinjan actividades productivas en ejecución, lo que podría paralizar los proyectos, frenar inversiones y afectar negativamente la reactivación económica del país.
La respuesta de La Moneda ante la incertidumbre sectorial
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, salió al paso tras la declaración conjunta, y sostuvo que los sitios prioritarios son herramientas de planificación ecológica que no buscan congelar las actividades productivas. Aseguró: “No hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal”.
Expuso también que extendieron el plazo de la consulta pública para permitir un análisis más detallado de los impactos de la ley. Sin embargo, los gremios aún plantean que persiste la falta de claridad en los reglamentos que se están creando, lo que genera incertidumbre, especialmente en las regiones afectadas.
En el sector minero, se calcula que un 25% de la región de Atacama quedaría limitado en esta categoría, lo que podría paralizar varias faenas mineras. Situación similar se plantea en la salmonicultura y el sector forestal, alertando los eventuales impactos que podrían afectar gravemente la economía regional y las inversiones en los sectores productivos.
Lecciones de la Ley Lafkenche
Un ejemplo de experiencias similares, ampliamente cubierto en nuestro medio hermano InfoSALMON, es la Ley Lafkenche (Ley N.º 20.249), que otorga derechos de gestión sobre espacios marinos a las comunidades costeras indígenas. Las críticas a esta ley van en la misma línea que las planteadas contra la Ley SBAP.
Aunque esta legislación proponía plazos de trámite, los procesos administrativos se han extendido incluso hasta seis años, paralizando los proyectos productivos. Hay una superposición entre zonas en reclamación y concesiones marítimas previas, afectando unas 4 millones de hectáreas (equivalentes a toda la región de Coquimbo). Esta situación ha generado tensiones tanto dentro de las mismas comunidades indígenas como entre estas y los sectores productivos.
Se han realizado intentos para modificar la ley y equilibrar los derechos de las comunidades indígenas con las necesidades del sector productivo. Sin embargo, esos intentos se han rechazado, lo que aumenta la presión sobre el Estado para encontrar un equilibrio adecuado.
La necesidad de un marco regulatorio claro
La controversia que generó la implementación de la Ley SBAP resalta la falta de un marco regulatorio claro. Si bien la protección de la biodiversidad es esencial, la implementación de la ley debe considerar las realidades económicas de sectores estratégicos como la minería.
Sin reglamentos detallados y un proceso de consulta adecuado, el equilibrio entre la conservación y el desarrollo del país podría romperse (como en otras ocasiones) y afectar su competitividad. La Ley SBAP tiene un propósito valioso, pero su implementación se debe planificar cuidadosamente para evitar efectos nocivos en las actividades productivas.
La creación de mesas de trabajo multisectoriales y un reglamento claro serán fundamentales para lograr un equilibrio entre ambos objetivos. De lo contrario, tal como ocurrió con la Ley Lafkenche, lo que partió como una buena política pública podría convertirse en un candado para el desarrollo económico y la reactivación de Chile.
