Una declaración conjunta de los principales gremios del país encendió la alarma respecto a la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Los líderes de la SONAMI, APRIMIN, la CPC, además de gremios de la salmonicultura, forestal y la construcción, manifestaron su rechazo a los efectos de la implementación de la ley, sobre todo respecto a la creación de sitios prioritarios.
La legislación, actualmente en consulta ciudadana, se diseñó para establecer áreas protegidas en diversas zonas. Originalmente, la consulta se iba a realizar entre el 17 y 21 de octubre, pero debido a la molestia por el corto plazo, este se extendió hasta el 5 de noviembre.
Los gremios sostienen que aún no cuentan con el tiempo necesario para analizar en detalle los 99 sitios prioritarios propuestos. “10 días hábiles más no son suficientes. Además, es necesario contar previamente con el reglamento que exige el Art. 29 de la Ley N°21.600, el cual establece los criterios para la determinación de sitios prioritarios”, señala la declaración.
Gremios mineros exigen claridad y respeto a los plazos
El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, llamó la atención sobre los efectos de la ley en diversas áreas productivas. “Hoy día hemos puesto de relevancia la preocupación que distintos gremios tienen por la implementación que se está haciendo de la ley (…) Hemos contactado y hemos tratado de transmitir que esto es transversal para una serie de actividades que se interrelacionan en los territorios”, señaló.
Agregó que es necesario que “los reglamentos resguarden el espíritu de la ley: que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos”.
En tanto, la presidenta de APRIMIN, Dominique Viera, recalcó la importancia de respetar los plazos y procesos definidos por la ley: “Porque nos importa la forma de cómo hacer las cosas, tenemos que hacerlas como el Estado lo ha delimitado, históricamente, a través de lo que dice la ley, nombrado por un congreso bajo los reglamentos y la forma en que nos dice el Estado”.
La gestora señaló que, por lo mismo, los gremios levantaron esta preocupación con el único fin de que “nos podamos sentar y hacerlo en los plazos que nos habíamos acordado, sin acelerar ni saltarnos ningún proceso, para proteger el medio ambiente, pero también para asegurar la certeza jurídica que necesitan todos los inversionistas”.
CPC alerta sobre riesgos económicos
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en tanto, alertó sobre posibles afectaciones a la economía: “Estamos preocupados de que se estén declarando sitios prioritarios con procesos que básicamente han sido dictámenes muy rápidamente elaborados”. Apuntó asimismo a una consulta pública más bien informativa y que establece áreas protegidas en territorios privados con alto potencial de desarrollo.
“En ese sentido, estamos abogando porque la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico del país deben ir de la mano, y por lo tanto deben existir procesos acordes a ese objetivo país”, sostuvo la líder gremial.
A medida que se acerca el nuevo plazo de consulta, los gremios, donde destaca la minería, exigieron más tiempo para una revisión detallada que garantice tanto la protección medioambiental como el desarrollo económico del país.
