En el norte de Chile hay paisajes que parecen no cambiar nunca. Los salares se extienden bajo el sol del desierto y las minas de cobre perforan las montañas con los ritmos de una industria que mide el tiempo en décadas. Sin embargo, en los últimos años se movió con rapidez el marco político y económico que rodea a la minería chilena.
El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder en medio de un debate sobre el rol del Estado en la explotación de los recursos naturales. El litio estaba en el centro de la discusión global por la transición energética, el cobre daba señales de un nuevo ciclo alcista y en Chile persistía la pregunta histórica: cuánto de esa riqueza se convierte en desarrollo para el país.
Más que administrar el ciclo de los precios internacionales, el ejecutivo optó por intervenir el modelo en múltiples dimensiones: captura de rentas, control estratégico de recursos clave, modernización institucional y blindaje de la continuidad operacional frente a nuevas amenazas.
Así, durante el gobierno saliente, más que estar frente a un simple ciclo de altos precios, estos años marcaron una intervención patente del Estado para redefinir cómo Chile captura, regula y proyecta su riqueza minera.
El royalty y el retorno de la renta minera al territorio
El primer movimiento fue fiscal. La aprobación de la Ley de Royalty Minero en 2023 cerró una discusión que llevaba más de una década en nuestra política. El nuevo esquema tributario aumentó la carga fiscal sobre la gran minería del cobre, pero lo hizo tras un acuerdo político transversal en el Congreso que buscó mantener la competitividad internacional del país.
El diseño final combinó impuestos sobre ventas y utilidades operacionales, lo que creó un sistema más progresivo que el anterior. La incidencia del royalty se hizo visible en 2025. Ese año se distribuyeron 218 mil millones de pesos entre 308 comunas, cerca del 90% de los municipios del país.
Por primera vez, una parte significativa de la renta minera comenzó a llegar de manera directa a las comunidades. En ciudades que siempre han visto la minería como algo ajeno, la riqueza del cobre se materializó en luminarias, cámaras de seguridad, pozos de agua potable e infraestructura urbana.
El royalty dejó la señal de que la minería no solo debía sostener las cuentas fiscales del país, también debía tener una expresión concreta en la vida cotidiana de los chilenos.
Litio: del debate ideológico al acuerdo del salar de Atacama
El segundo eje de la política minera del gobierno fue el litio. Cuando se anunció la Estrategia Nacional del Litio, el debate estuvo marcado por la incertidumbre. Parte del sector privado temía una expansión excesiva del rol del Estado, mientras desde la política surgía la exigencia de que el país capturara una mayor parte de la renta de este recurso estratégico.
La decisión del gobierno fue avanzar hacia un modelo mixto: participación estatal en los proyectos estratégicos, pero en alianza con empresas privadas capaces de aportar capital, tecnología y experiencia operativa. El punto de inflexión llegó a fines de 2025 con la asociación entre Codelco y SQM en el salar de Atacama.
La creación de la sociedad operadora Novandino Litio materializó el centro de la estrategia. El Estado chileno tendrá el control accionario con 50% más una acción, mientras la empresa privada asegura la continuidad productiva.
La incidencia económica del acuerdo es considerable. Entre 2025 y 2030 el Estado recibirá cerca del 70% del margen operacional de la producción, cifra que subirá al 80% en la década siguiente. Más allá de las cifras, el acuerdo despejó la incertidumbre sobre la continuidad de la explotación del salar de Atacama después de 2030.
Crimen organizado: el nuevo frente
Ahora bien, la redefinición de la estrategia no solo pasó por el plano fiscal; también tuvo que aterrizar en la seguridad territorial. El avance del crimen organizado en el país y las bandas especializadas en el robo de cobre obligaron al Estado a intervenir en la seguridad operacional, una variable que antes se daba por sentada.
La necesidad de proteger la cadena logística desde la mina hasta el puerto obligó a una coordinación inédita entre la industria privada, las policías y La Moneda. Lo que comenzó como un problema de orden público en el norte del país se volvió un factor estructural para la competitividad minera chilena, donde aún quedan desafíos importantes.
Permisos y burocracia: destrabar la inversión
El último capítulo de esta agenda lo vimos a fines de 2025 con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770). La reforma creó el Sistema Unificado de Permisos, una plataforma digital que establece plazos máximos para que el Estado responda a las solicitudes de autorización.
Para la minería, la incidencia de esta acción es directa. El nuevo sistema busca viabilizar una cartera de inversiones que supera los US$ 104.000 millones proyectados para la próxima década. Sin embargo, destrabar la burocracia parece ser solo la mitad del trabajo.
La materialización de estos proyectos también dependerá de la capacidad del país para desarrollar infraestructura energética de gran envergadura, como la red de transmisión, que garantice el suministro estable y limpio que la minería necesita para descarbonizarse.
El metal rojo marca el pulso
Mientras se desarrollaban las acciones que revisamos, el mercado internacional entregó un punto esencial. Entre 2024 y 2025 el cobre alcanzó el precio promedio mundial más alto de su historia, US$ 4,51 por libra, y a comienzos de 2026 bordeó los US$ 6 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
La transición energética global, la expansión de las redes eléctricas y la electromovilidad impulsaron una demanda estructural por el cobre, mientras la oferta mundial enfrenta límites cada vez más visibles. La combinación entre altos precios del metal rojo y el nuevo royalty fortaleció los ingresos fiscales y dio aire a las arcas públicas, aunque la situación fiscal del país sigue bajo presión.
Un intento por redefinir el modelo minero
Desde una mirada panorámica, el gobierno de Gabriel Boric no se limitó a administrar el ciclo minero. Intervino el marco institucional del sector: aumentó la captura de renta minera, redefinió el rol del Estado en el litio, reformó el sistema de permisos y debió enfrentar el avance del crimen organizado.
En medio de todo, el cobre sigue marcando el pulso de la economía chilena y los salares concentran una riqueza estratégica para la transición energética global. La pregunta que queda es otra: si este intento del gobierno por redefinir la relación entre minería, renta y desarrollo se consolidará en el largo plazo o si esta historia volverá a su punto de partida.
