La transformación del sistema eléctrico nacional, marcada por la creciente incorporación de energías renovables variables (ERV) y el avance sostenido del plan de descarbonización, ha impuesto nuevos desafíos a nuestra matriz energética. Entre ellos, uno se vuelve cada vez más urgente: dotar al sistema de la flexibilidad operativa que permita gestionar con eficiencia una oferta intermitente y una demanda en constante evolución.
En este escenario, los Sistemas de Almacenamiento de Energía (BESS, por sus siglas en inglés) se perfilan como actores clave para garantizar no solo estabilidad, sino también eficiencia técnica y económica en la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). No obstante, su participación en los Servicios Complementarios (SSCC) —mecanismo destinado a mantener el equilibrio y la seguridad del sistema— sigue siendo marginal. La razón principal: un marco regulatorio que no ha sabido actualizarse con la misma velocidad que la tecnología.
El informe publicado recientemente por la Comisión Nacional de Energía aborda este desfase con lucidez. El documento no solo evidencia la ausencia de una metodología clara y específica para calcular el costo de oportunidad de los BESS en el mercado de SSCC, sino que también propone una fórmula concreta para resolver esta omisión. Se trata de un paso fundamental para alinear incentivos, reducir riesgos percibidos por los inversionistas y permitir la incorporación efectiva de estas tecnologías al sistema.
Más allá del aspecto técnico, la discusión de fondo es política: ¿cómo estimulamos una transición energética que no se limite a la sustitución de fuentes, sino que también mejore el diseño del mercado? Hoy, un porcentaje importante del control de frecuencia está en manos de centrales térmicas convencionales, muchas de ellas a carbón. Si no se generan condiciones atractivas para que los BESS entren al sistema de SSCC, corremos el riesgo de seguir dependiendo de tecnologías menos eficientes, más contaminantes y con costos de operación crecientes.
El momento es ahora. Con una capacidad instalada actual de BESS cercana a los 1.300 MW y una proyección de más de 5.400 MW para 2026, no podemos seguir operando con reglas pensadas para un sistema del pasado. El desarrollo tecnológico ya dio el primer paso; la regulación debe seguirle con determinación y visión estratégica.
Desde InfoMINERIA, valoramos que este tipo de diagnósticos se pongan sobre la mesa y se propongan soluciones concretas. Pero también hacemos un llamado a avanzar sin dilaciones en su implementación. La transición energética no puede esperar, y los SSCC son una pieza clave en su engranaje.
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