El Plan Minería en Marcha y el riesgo de dejar fuera a los productores endeudados
En conferencia de prensa, el presidente de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN), Patricio Gatica, valoró en primer término el Plan Minería en Marcha, especialmente por su objetivo de apoyar la recuperación de las faenas afectadas por los recientes sistemas frontales. Estuvo acompañado por el vicepresidente, Fernando Gattas, y el director jurídico, Juan Carlos Urquidi Fell.
Sin embargo, Gatica advirtió que algunas condiciones exigidas para acceder a los instrumentos de financiamiento asociados a ENAMI y BancoEstado —como no mantener deudas de IVA, cotizaciones previsionales impagas ni multas pendientes con el Estado— podrían dejar fuera precisamente a quienes hoy necesitan apoyo para reactivar sus faenas:
«Valoramos el objetivo del Plan Minería en Marcha, pero tenemos que procurar que sus instrumentos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Muchos pequeños productores arrastran obligaciones originadas en períodos económicos muy complejos y hoy los intereses, multas y recargos pueden hacer prácticamente imposible su regularización».
Por eso, el gremio planteó estudiar mecanismos excepcionales que permitan a los pequeños productores regularizar sus obligaciones en condiciones viables y, luego, acceder al financiamiento para recuperar sus operaciones.
El aumento del umbral, una aspiración histórica
El vicepresidente Fernando Gattas destacó el anteproyecto que busca elevar el umbral de producción de la pequeña minería de 5.000 a 40.000 toneladas mensuales, actualmente en consulta pública. Según explicó, se trata de una aspiración planteada durante años, ya que el límite actual se ha transformado en una barrera para faenas que tienen reservas y capacidad para crecer.
«Elevar el umbral es una señal muy importante para la pequeña minería. Puede abrir posibilidades para aumentar la producción, realizar nuevas inversiones, incorporar tecnología, prolongar la vida útil de las faenas y generar más empleo en las regiones».
Gattas advirtió, eso sí, que la modificación normativa debe ir acompañada de otras medidas:
«No sacamos nada con abrir una puerta desde el punto de vista normativo si mantenemos cerradas otras puertas que impiden que el pequeño productor pueda invertir, financiarse y aumentar efectivamente su producción».
Para el gremio, junto con modificar el umbral se debe revisar integralmente el acceso al financiamiento, la relación con ENAMI, los permisos, la regularización de obligaciones y los instrumentos de fomento. Gattas subrayó, además, el impacto territorial del sector: cuando crece la pequeña minería, dijo, también se dinamizan las economías regionales, se fortalece a los proveedores locales y se generan empleos en localidades con pocas alternativas productivas.
SBAP: protección ambiental con certeza jurídica
Sobre la implementación de la Ley N.º 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el director jurídico de AGRUMIN, Juan Carlos Urquidi, señaló que el sector comparte plenamente el objetivo de proteger la biodiversidad, pero considera indispensable compatibilizarlo con la certeza jurídica y la continuidad de las actividades productivas. Una de las principales inquietudes del gremio se relaciona con la definición y los efectos de los denominados Sitios Prioritarios, por las consecuencias que nuevas exigencias podrían tener sobre proyectos existentes.
«AGRUMIN no está en contra de la protección de la biodiversidad. Estamos a favor de una buena política ambiental, técnicamente fundada y compatible con el desarrollo productivo».
Urquidi agregó que las regulaciones deben considerar las diferencias entre las distintas escalas de producción, pidiendo proporcionalidad regulatoria:
«Una misma exigencia puede tener efectos completamente diferentes sobre una gran compañía minera y sobre un pequeño productor. Por eso necesitamos proporcionalidad regulatoria, criterios objetivos, reglas claras y respeto por las autorizaciones vigentes».
Finalmente, el gremio planteó que el país tiene la oportunidad de fortalecer a un segmento clave para las economías regionales sin renunciar a la protección ambiental:
«Chile no tiene que elegir entre biodiversidad y desarrollo. Podemos proteger nuestro patrimonio ambiental y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que la pequeña minería crezca, invierta, produzca y genere empleo. Ese es el equilibrio que debemos construir».
