La política chilena del litio ha logrado instalar una hoja de ruta que hace pocos años parecía esquiva. La Estrategia Nacional del Litio definió objetivos claros: aumentar la producción, promover asociaciones público privadas, capturar mayor valor económico y fortalecer el rol del Estado en un recurso estratégico.
Entre ellas destaca haber establecido explícitamente la necesidad de crear una Empresa Nacional del Litio como instrumento para sostener una política de largo plazo. Ese objetivo fue correctamente identificado desde el inicio, pero aún no ha tenido una materialización concreta.
La segunda fase del desarrollo del litio exige abordar un desafío distinto: la institucionalidad encargada de ejecutar la estrategia. Se habla de salares, socios estratégicos, precios y volúmenes de producción. Mucho menos se ha discutido sobre el diseño de una institucionalidad pública moderna capaz de sostener el desarrollo del sector durante décadas.
Hoy las funciones se encuentran dispersas entre múltiples organismos —Ministerio de Minería, Corfo, Codelco, Enami y el Comité de Salares— cada uno con mandatos parciales, capacidades desiguales y horizontes institucionales distintos. Este esquema ha permitido avances relevantes, pero carece de la coherencia y continuidad que exige una política de Estado en un sector de alta complejidad técnica y financiera.
La dispersión de competencias no es un detalle administrativo. Es un problema estructural. La ausencia de un eje institucional claro dificulta la priorización de proyectos, ralentiza la toma de decisiones y debilita la capacidad del Estado para interactuar con inversionistas de escala global. Ninguna industria estratégica se desarrolla sobre la base de responsabilidades fragmentadas y liderazgos difusos.
Con recursos limitados y fuera de sus ámbitos tradicionales de acción, Codelco ha logrado establecer bases concretas para el desarrollo de proyectos en el Salar de Atacama y Maricunga, mientras Enami ha impulsado iniciativas relevantes en sistemas salinos menos conocidos.
Al mismo tiempo, resulta razonable que estas empresas vuelvan progresivamente a concentrarse en sus propios desafíos estratégicos. Codelco enfrenta exigencias mayores en el desarrollo de sus proyectos estructurales de cobre y en la sustentabilidad de su producción futura. Enami cumple un rol irremplazable en el fomento de la pequeña y mediana minería, que constituye su razón de ser histórica. No parece eficiente que ambas deban sostener indefinidamente la arquitectura institucional del litio.
En este escenario, resulta natural avanzar hacia la creación de una Empresa Nacional del Litio concebida como una entidad pública moderna, con estándares de gobierno corporativo comparables a los de las empresas estatales de países OCDE.
El propósito de esta nueva institucionalidad debe ser distinto.
No se trata de crear un nuevo operador productivo ni de reemplazar al sector privado en el desarrollo de proyectos. La explotación de los salares y la ejecución de las inversiones deben seguir descansando en operadores especializados capaces de aportar capital, tecnología y experiencia productiva.
Debe actuar como articulador estratégico de asociaciones público-privadas, ordenar la cartera de proyectos y acelerar la curva de desarrollo del sector. Su función sería habilitar inversiones, estructurar proyectos y dar continuidad a las decisiones públicas, reduciendo incertidumbres y acortando los tiempos entre la exploración y la producción.
Una institucionalidad especializada permitiría además separar con claridad la conducción estratégica de la ejecución administrativa. La gestión cotidiana de proyectos complejos difícilmente puede desarrollarse bajo los ciclos y prioridades propias de la administración política. La experiencia internacional muestra que las políticas de recursos naturales alcanzan mayor estabilidad cuando cuentan con organismos técnicos dotados de autonomía operativa y mandatos de largo plazo.
Chile ha demostrado que puede diseñar políticas públicas ambiciosas en minería. El paso siguiente es dotarlas de una arquitectura institucional coherente. Más desarrollo en litio no depende sólo de nuevos proyectos. Depende, sobre todo, de contar con instituciones capaces de hacerlos posibles.
