Chile enfrenta nuevamente una situación que lo pone ante el cuestionamiento de si realmente es un entorno confiable para el desarrollo de grandes inversiones, como las mineras y eléctricas. Esta incertidumbre se refleja en las recientes fallas regulatorias que afectan de manera directa la estabilidad del sistema energético, base fundamental de la competitividad del país en el sector minero.
Un error técnico ocurrido en la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo dependiente del gobierno, destapó fallas graves en la gestión tarifaria. Este tipo de problemas pone en evidencia la falta de prolijidad, que, además de los perjuicios inmediatos para los consumidores, podría generar complicaciones para industrias clave como la minería, vital para la economía chilena.
La equivocación llevó a cobros excesivos por parte de los distribuidores, lo que afectó tanto a consumidores como a empresas. Este incidente evidencia ineficiencia en un sistema energético crítico, cuyo buen funcionamiento es esencial para la transición energética del país.
El objetivo de la política
En ocasiones, Chile parece más un Macondo con clima templado de lo que queremos creer, como si estuviéramos atrapados en un absurdo político que obstaculiza el progreso, tal como ocurre en la novela de García Márquez. Convengamos que la política, en su origen, está para solucionar problemas y mejorar los estándares de vida, no para levantar discusiones entre bandos en busca de culpables o revanchas.
El Estado, en su conjunto, debe actuar con seriedad, garantizando que las decisiones tomadas por organismos como la CNE sean claras, transparentes y, lo más importante, correctas técnicamente desde el inicio.
La política no puede permitirse más fallos que repercutan directamente en la vida de las personas y, además, en los sectores productivos del país, y como consecuencia, nuevamente en la vida de las personas.
Transición energética, hidrógeno verde, etc.: ¿Cómo avanzar con un sistema energético inestable?
El error metodológico que infló las tarifas deja en el aire la pregunta de cómo un sistema tan crucial para el desarrollo del país puede operar con tan poca previsibilidad.
Y hay una pregunta aún más relevante, que aplica a muchas situaciones que luego han explotado políticamente: más allá de si hubo un error, ¿cómo nadie lo cuestionó ni levantó la voz antes? La función de las autoridades y de los distribuidores es precisamente garantizar sistemas eficientes, justos y confiables.
Chile ha expresado en diversas ocasiones su ambición de convertirse en una potencia energética en el contexto del reemplazo de los combustibles fósiles. Se impulsan proyectos de hidrógeno verde, energías renovables y una matriz energética más sostenible y competitiva. Sin embargo, persiste la pregunta: ¿cómo podrá el país cumplir con este objetivo si la base de su sistema energético presenta fallas tan graves? Es difícil liderar la transición energética mundial con estos “cables cortados”.
El sector minero, que representa un tercio del consumo eléctrico del país, enfrenta grandes desafíos. El alto costo de la electricidad y los problemas regulatorios complican aún más su competitividad. El precio de la electricidad en Chile sería casi un 20% más alto que en otros países mineros, según indican desde el Consejo Minero, lo que afectaría directamente la rentabilidad de las empresas y su disposición a invertir, especialmente si se trata de un sistema que no ofrece garantías de estabilidad.
Queda en el registro el corte de luz más grande en la historia del sistema eléctrico nacional, ocurrido en febrero de 2025. El incidente afectó al 98,5% de la población y generó una serie de investigaciones y cargos contra el director del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y varias generadoras y transmisoras.
Se suman otros episodios, como el apagón de agosto de 2024, cuando un temporal causó serias fallas en la red eléctrica de Santiago, con procesos que aún permanecen inconclusos. A esto se suman adversidades regulatorias que afectan a pequeños productores de energías limpias, generándoles sobrecostos, donde deben asumir las consecuencias de un sistema que no responde con la idoneidad necesaria.
El llamado a restituir la confianza
Apremia que las instituciones dejen de lado los dimes y diretes, las renuncias y las acusaciones constitucionales, y se conviertan en impulsores de soluciones. Esto forma parte de una cruzada en la que es urgente restaurar la confianza de los inversionistas, que hoy se enfrentan a un entorno con inseguridades y obstáculos. Es importante que los errores no pasen a ser la norma, como lo estamos viendo, sino que sean excepciones, donde el estándar sea la respuesta inmediata.
En esto no bastan las expresiones vehementes. Es necesario que se implementen acciones si Chile realmente aspira a ser una potencia energética. Se deben tomar medidas concretas para garantizar un entorno seguro y competitivo para todas las industrias involucradas, incluida la minera.
La inestabilidad parece estar marcando la tónica regional, con países vecinos como Perú enfrentando una fuerte crisis política y Ecuador lidiando con una inédita crisis de seguridad, de la que Chile no está exento. En ese contexto, el panorama se vuelve más incierto, y “Macondo” se nos hace más familiar de lo que quisiéramos.
A pesar de todo, creemos que Chile tiene la oportunidad de reconectar los cables y seguir siendo un referente en términos de inversión segura. La vía sigue abierta, pero falta acción eficaz y rápida frente a las oportunidades que podrían definir el futuro energético y económico del país.
