Cuando Michael Gilbert llegó a la Universidad Adolfo Ibáñez para dictar su clase magistral, no venía a hablar de minería. Pero en la conversación que sostuvo con nosotros, su mirada sobre el impacto de la regulación en las industrias —formada tras décadas de estudio del derecho público, la economía y el comportamiento humano— resultó inquietantemente vigente para el caso chileno.
Su presentación en el Centro Competencia de la UAI (CeCo) toma más relevancia tras la aprobación por parte del Congreso de la ley que busca modernizar y acelerar el sistema de permisos sectoriales, un asunto clave para agilizar la inversión minera.
Gilbert, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y coautor del libro Análisis económico del Derecho Público, lo advierte de forma directa: “La regulación puede ser muy poderosa. Puede destruir industrias, a veces para bien, a veces para mal, o puede apoyar el desarrollo de industrias”.
Si bien aclaró que no es especialista en la minería chilena, sus respuestas apuntan al corazón del debate: cuánto, cómo y para qué regular.
El foco en la eficacia de los organismos fiscalizadores
“Respecto a la minería, el asunto que involucra al derecho público y que puede requerir intervención del gobierno es lo que los economistas llaman externalidades. Básicamente, hablamos de contaminación, aguas subterráneas u otros efectos de la minería que pueden impactar a las comunidades aledañas”, explicó Gilbert.
Para el académico, el problema no es si regular, sino quién tiene la capacidad real para hacerlo bien. “Me parece que la pregunta, aunque hay otras, siempre es si los reguladores pueden y están haciendo un buen trabajo limitando las externalidades y regulándolas de modo eficiente, o si no lo hacen tan bien”, afirmó.
Junto a esto, sostuvo: “Tal vez tienen la información equivocada, o quizás quienes dictan las regulaciones no están motivados por las externalidades y la eficiencia, sino por otras preocupaciones que tal vez no son tan buenas”.
Las dudas que quedan sobre el impacto de la nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales
Su diagnóstico toma más relevancia con la reciente aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. La reforma modifica más de 40 leyes y actualiza más de 380 permisos en sectores clave como minería, salud, energía y obras públicas, buscando reducir entre un 30 % y un 70 % los tiempos de tramitación sin afectar los estándares regulatorios.
Entre las herramientas para lograrlo están la ventanilla digital única (plataforma SUPER), el uso de declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo y nuevas facultades fiscalizadoras para los organismos competentes.
Sin embargo, vuelve la pregunta que plantea Gilbert: ¿será esto suficiente para hacerlo bien?
El desafío está en quién regula y con qué capacidades
Para el académico, la respuesta está menos en los procedimientos y más en el conocimiento técnico de quienes diseñan y aplican la norma: “La pregunta es, en mi opinión, ¿quién tiene la información y los incentivos para resolver o abordar el problema de la contaminación? Nada más. Y eso depende de quiénes son y los antecedentes de los reguladores”.
Luego planteó una afirmación que resuena con fuerza en el sector minero: “Yo diría que la experiencia en economía, así como en minería, sería muy útil”.
Un análisis integral de reglamentación, mercados y externalidades
Aunque el libro, recién traducido al español por CeCo, no trata directamente sobre minería, su base teórica ayuda a entender los desafíos regulatorios que enfrenta Chile. “Sí, el libro discute la regulación de manera abstracta, pero en extenso”, señaló, y agregó que aborda problemas como las externalidades negativas —por ejemplo, la contaminación del agua— y otros temas relacionados.
Ahora, sobre cómo abordar esas externalidades, Gilbert plantea más de una vía: “Estudia formas generales de abordarlas, que pueden incluir un impuesto, por ejemplo. Puede incluir otras formas de regulación, pero también puede incluir mercados que funcionen bien”, explicó.
Sobre esto, recordó una idea clave del Premio Nobel de Economía Ronald Coase que cruza su análisis.
Sobre Coase, explicó: “Uno de sus principales aportes fue que, bajo ciertas circunstancias, los mercados privados pueden resolver las externalidades por sí mismos. Cuando eso ocurre, el mercado privado funciona bien. Pero cuando no sucede, entonces necesitamos otras formas de abordarlas”.
Entre la efectividad teórica y los desafíos prácticos
Finalmente, el académico retomó un concepto que funciona como una advertencia y a la vez como invitación a la reflexión: “En principio, la regulación puede ser efectiva. En la práctica, depende”.
En el contexto de una industria donde cada proyecto puede tomar años en concretarse por barreras administrativas y donde la licencia social opera con un creciente escrutinio ambiental, Gilbert recalca la importancia de alinear información, incentivos y capacidades. De esta forma, la regulación podría dejar de ser una amenaza y convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo.
Sobre el autor
Michael Gilbert, Ph.D. y doctor en Derecho, es vicedecano y titular de la cátedra Perre Bowen Professor of Law en la Universidad de Virginia, EE. UU. Enseña derecho electoral, legislación y análisis económico del derecho. Actualmente, su investigación se centra en la desinformación, la corrupción y el rol de las preferencias prosociales, como la empatía, en el diseño legal.
