El panorama de la minería chilena dio un giro significativo con la reciente promulgación de la Ley N.º 21.770, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, impulsada por el actual gobierno, que promete acelerar y simplificar los procesos de permisos para proyectos mineros, energéticos y productivos.
Esta reforma, presentada como un cambio necesario para la modernización del sistema, abre la puerta a mejorar la competitividad del país, aunque plantea la duda de si estamos ante una solución definitiva o simplemente al inicio de un camino hacia un cambio más profundo.
El sistema anteriormente vigente presentaba barreras burocráticas que, lejos de facilitar la inversión, entorpecían el proceso de iniciativas clave, especialmente aquellas vinculadas a sectores estratégicos como el cobre y el litio.
Con esta nueva legislación, se espera reducir los plazos de tramitación entre un 30% y 70%, dependiendo del tipo de proyecto, además de eliminar la tediosa secuencia de autorizaciones mediante la creación de la Ventanilla Única Digital (SUPER), que centraliza más de 300 permisos a través de una plataforma digital.
Se agradece la eficiencia, pero atención a puntos clave
Sin embargo, el impacto de esta ley genera algunas dudas. Si bien el nuevo marco establece principios clave como la estandarización, previsibilidad y simplificación administrativa, implementar cambios tan grandes requiere tiempo.
La ley también incluye elementos cruciales, como la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, encargada de coordinar los organismos sectoriales y garantizar el cumplimiento de plazos. Aunque representa un avance en la concentración de procesos, surge la preocupación de que estos nuevos organismos puedan convertirse en nuevas trampas burocráticas. Aún queda un largo camino por recorrer.
Lo que se avizora no es una solución inmediata. Aunque las acciones de modernización, las técnicas habilitantes alternativas y la digitalización prometen mayor eficiencia, la ley aún depende de una implementación gradual y de reglamentos específicos que definirán sus beneficios. Es crucial que, además de agilizar los procesos, no se sacrifiquen estándares ambientales ni de calidad.
Una ruta llena de desafíos y oportunidades
Los desafíos son claros. La integración de nuevas tecnologías y la coordinación entre ministerios y servicios públicos deben monitorearse de cerca. Sin embargo, también surge la pregunta de si el obstáculo ha sido solo legal o si también ha habido una falta de voluntad en los puestos clave para avanzar de manera más sustancial. Claro, nada es blanco y negro.
La estructura legal ha tenido cambios, sí, pero en muchos casos las figuras y procedimientos fundamentales siguen siendo los mismos que hace décadas. Por ello, además de la nueva ley, es necesario evaluar su verdadero alcance frente a la disposición y los puntos de vista de los respectivos gestores para llevar a cabo proyectos con prácticas más eficientes y modernas.
Se espera una mejora tangible en la “permisología” minera en Chile, pero con la conciencia de que aún quedan piezas por mover. La transición hacia un sistema más ágil es solo el comienzo de un proceso que requerirá adaptaciones y correcciones continuas. El horizonte es prometedor, pero la ruta está llena de desafíos y oportunidades.
