Primero, algunos conceptos
Para entender el análisis conviene aclarar tres cosas. La patente minera —o de amparo— es el pago anual que hace el titular de una concesión al Estado para mantener vigente su derecho. Cuando no se paga, la concesión cae en mora y puede terminar en un remate (subasta pública). Y la UTM es la Unidad Tributaria Mensual. Se trata de una medida que se reajusta con la inflación y que se usa para expresar montos legales.
Hace poco entró en vigor una escala progresiva de la patente, que aumenta el cobro de forma gradual. El análisis de MatterMetrix mide, con datos, qué efecto tuvo ese cambio.
El salto: de 11,84 a 52,79 UTM
El monto promedio adeudado por concesión saltó de 11,84 UTM en 2023 a 52,79 UTM en 2025. El alza no fue gradual. En 2024, año de transición legal, el monto se mantuvo casi plano, porque la norma permitió pagar por última vez la tarifa antigua. Así, el costo real de la escala progresiva recién se sintió en 2025.
Por su parte, la exploración no tuvo ese resguardo. Su monto promedio ya había subido 52% en 2024 y volvió a duplicarse en 2025.
«Los datos muestran un aumento significativo en el costo asociado a las concesiones que entran en mora, pero también diferencias que requieren una mirada más amplia», señala Polett Arancibia, fundadora de MatterMetrix. La ejecutiva plantea las preguntas de fondo: «¿Cuántas de las concesiones que nunca solicitaron una rebaja quedaron fuera del mecanismo antes de poder acceder a él, y qué ocurre con ellas después del remate? Son preguntas que deben responderse antes de atribuir conclusiones especulativas y a una sola variable».
Dos formas distintas de estar en mora
Aquí aparece el hallazgo más fino del análisis. La deuda se concentra con fuerza. En efecto, 192 titulares acumulan la mitad de todas las concesiones que pasaron por nómina de remate en los últimos cinco años. Sin embargo, no todos deben por la misma razón.
Al cruzar el monto adeudado con la antigüedad de cada título, la correlación es casi nula. Se distinguen dos perfiles:
- Carteras jóvenes y grandes: el 10% de los titulares con mayor deuda tiene concesiones de apenas 14,9 años en promedio. Un solo titular, con 517 concesiones en mora, concentra por sí solo 64.169 UTM.
- Portafolios históricos y pequeños: existen carteras centenarias, algunas a nombre de sucesiones, que deben poco porque son concesiones de superficie reducida. La mediana es de 5 hectáreas en concesiones de más de 80 años, contra 300 hectáreas en las de hasta 5 años.
La conclusión es clara: el monto agregado de la deuda lo explican las carteras grandes y recientes, no las históricas.
El punto ciego: quién queda fuera de la rebaja
El sistema contempla un mecanismo de rebaja de la patente. Entre 2024 y 2026 se presentaron 5.242 solicitudes por el artículo 142 ter (pequeña minería) y 3.934 por el 142 bis (gran minería). Además, cerca de 7 de cada 10 fueron aprobadas.
De hecho, el mecanismo funciona: de las concesiones con rebaja aprobada, el 94% no volvió a caer en mora. Pero hay un dato revelador en el otro extremo: de las que sí terminaron en remate, el 95% nunca había solicitado el beneficio.
La explicación está en los requisitos. La rebaja exige acreditar trabajo efectivo. También pide un proyecto con RCA vigente (Resolución de Calificación Ambiental, la aprobación ambiental de un proyecto), un proyecto de seguridad minera o una expansión. Además, el 142 ter añade un requisito excluyente: estar al día en el pago de la patente al momento de postular. Eso deja a una concesión ya morosa automáticamente fuera del mecanismo, trabaje o no el terreno. Ese detalle ayuda a explicar por qué el 95% que llegó a remate nunca pidió el beneficio.
Lo que aún nadie sabe: qué pasa después del remate
El análisis también marca los límites de lo que hoy se puede afirmar. Lo que todavía no está establecido es qué ocurre después del remate. Además, parte de esa falta de respuesta tiene una causa medible. Entre el cierre de un período de deuda y su primera publicación en nómina pasan, en promedio, casi siete meses. En algunos casos, la demora se arrastra hasta casi cuatro años. Por eso, buena parte del ciclo 2025 aún no alcanza a aparecer.
Cerca de la mitad de las concesiones en mora de ese período ya no figura en el catastro vigente 18 meses después. Sin embargo, determinar si eso se debió a un pago, una extinción o un cambio de dueño exige seguir cada remate hasta su resultado. Ya hay una señal de que el sistema no siempre avanza en línea recta. De hecho, el 8,5% de los titulares sancionados por mora en 2021 volvió a caer en mora en un ciclo posterior.
Por eso, MatterMetrix deja abiertas dos preguntas que seguirá trabajando. La primera: si el territorio liberado efectivamente atrae inversión nueva. La segunda: si esos mismos desfases de tiempo no terminan generando un atasco estructural dentro del propio mecanismo de remate.
