Un punto de inflexión, pero no automático
Los especialistas coincidieron en que la ley marca un punto de inflexión para modernizar la relación entre el Estado y quienes desarrollan proyectos. Sin embargo, desde la gran minería se remarcó que el texto legal, por sí solo, no garantiza la rapidez que se necesita.
Según el Consejo Minero, su efectividad dependerá de la etapa que recién comienza. Es decir, de la redacción de los reglamentos sectoriales, del fortalecimiento de los servicios que evalúan y de la coherencia de los criterios técnicos en las regiones.
La certeza, clave para la minería
En su intervención, Morel destacó que el diagnóstico sobre el freno a la inversión por exceso de burocracia era compartido. Además, explicó que la minería es una actividad intensiva en capital y con proyectos pensados a varias décadas. Por eso, para el sector la previsibilidad y la certeza jurídica son clave para competir en el mundo.
Asimismo, valoró que la ley fije plazos claros, estandarice las exigencias e introduzca el principio de proporcionalidad del riesgo, es decir, que el nivel de revisión dependa del riesgo de cada proyecto. Según Morel, ahora la meta es que los plazos de la ley se cumplan en la práctica en las oficinas públicas.
Cientos de permisos por proyecto
El ejecutivo también dimensionó el desafío. De acuerdo con el Consejo Minero, un proyecto de la gran minería suele tramitar cientos de autorizaciones a la vez ante distintos organismos técnicos. Entre ellos están la Dirección General de Aguas (DGA), Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Frente a esa fragmentación, Morel subrayó dos elementos. Por un lado, la conexión entre los sistemas digitales de los servicios. Por otro, el rol coordinador de la OASI, que será clave para evitar trámites duplicados, desfases y demoras entre las distintas oficinas.
Los reglamentos, la prueba de fuego
Para el gerente de Estudios, la redacción de los reglamentos será la verdadera prueba de la reforma. En esa línea, planteó tres urgencias. Primero, unificar los criterios a nivel nacional para eliminar la discrecionalidad entre regiones. Luego, dar más recursos técnicos y presupuestarios a los servicios evaluadores, para que no colapsen ante los nuevos plazos.
Por último, propuso consolidar herramientas ágiles, como las declaraciones juradas y los avisos para obras de bajo impacto. De esta manera, la revisión exhaustiva quedaría para los temas de alta complejidad ambiental o de seguridad.
También es tarea de las empresas
El panel abordó, además, la responsabilidad de las propias compañías. En concreto, los expositores coincidieron en que las empresas deben mejorar la calidad técnica de sus expedientes desde la primera presentación. Así, se reducirían los errores formales y las observaciones que retrasan el trabajo de los evaluadores.
Finalmente, Morel reiteró la disposición del Consejo Minero a seguir colaborando con las autoridades. Según recordó, el país tiene una cartera minera clave para la transición energética, que necesita instituciones modernas capaces de proteger el medio ambiente y la seguridad sin frenar los tiempos del desarrollo productivo.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales?
Es la nueva ley que busca ordenar y agilizar la tramitación de los permisos de inversión en Chile, con plazos claros, exigencias estandarizadas y un nivel de revisión proporcional al riesgo de cada proyecto.
¿Qué opina el Consejo Minero?
Que es un avance clave, pero que su éxito dependerá de reglamentos ágiles, servicios evaluadores con más recursos y criterios técnicos iguales en todas las regiones.
¿Cuántos permisos tramita un proyecto minero?
Según el Consejo Minero, un proyecto de la gran minería suele tramitar cientos de autorizaciones a la vez ante organismos como la DGA, Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.
¿Qué rol tiene la OASI?
La Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión tendrá un rol coordinador, clave para evitar trámites duplicados y demoras entre los servicios.
