La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un curso virtual enfocado en los regímenes fiscales de la minería de litio, dirigido a funcionarios e instituciones vinculadas al sector minero de Argentina, Bolivia, Chile y México. La iniciativa se llevó a cabo entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025 y formó parte del proyecto Minerales para una transición justa en América Latina (MinJust), financiado por la Cooperación Alemana y la Unión Europea.
El curso tuvo como propósito fortalecer las capacidades técnicas en tributación minera, analizar los riesgos de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS), e intercambiar buenas prácticas aplicables a la explotación del litio, un recurso estratégico para la transición energética global. Asimismo, se abordaron mecanismos de armonización y coordinación fiscal entre distintas jurisdicciones.
La minería de litio y desafíos tributarios regionales
Esta capacitación se enmarca en la asistencia técnica que la CEPAL brinda a la Mesa Nacional del Litio de Argentina, instancia orientada a analizar la gobernanza fiscal en las provincias productoras de Catamarca, Jujuy y Salta. El objetivo es generar información y recomendaciones que permitan mejorar la gestión tributaria y promover una mayor coherencia entre los regímenes fiscales provinciales, de modo que las rentas del litio contribuyan de manera efectiva al desarrollo sostenible regional.
El contenido del curso se organizó en tres módulos. El primero abordó las particularidades tributarias de la actividad minera, los instrumentos de gravamen y la estimación de la renta económica. El segundo se centró en los riesgos BEPS y en herramientas para detectar distorsiones en la determinación de la base imponible, mientras que el último módulo analizó la armonización fiscal y el régimen tributario específico del litio en Argentina.
Desde la CEPAL destacaron que una política tributaria orientada a la progresividad, la transparencia y la coordinación fiscal resulta clave para optimizar la captación de la renta minera, reducir la competencia tributaria entre provincias y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la región.
