La Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), trajo una avalancha de repercusiones que sacuden a la minería chilena. Si bien su objetivo se plantea como la conservación de la biodiversidad, esta legislación se convirtió en un espacio complejo donde se cruzan ámbitos aparentemente opuestos.
Existen las necesidades medioambientales y las de desarrollar las regiones productivas del país. En este contexto, la minería y, especialmente, la pequeña minería, se enfrentan a una nueva y pesada tensión.
El llamado a evitar la desconexión territorial
Ya cerca del término de 2025, la implementación de la ley sigue como un proceso incompleto. Si bien se promulgó en 2023, los reglamentos esenciales aún no se definen, lo que mantiene a los sectores productivos en una situación de incertidumbre y riesgo.
Como muestra, aparte de la minería, en Aysén las comunidades locales levantaron la voz y advirtieron que el listado preliminar de “Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad” se aplica sin considerar la realidad local. Se manifiesta que decisiones tomadas en Santiago parecen ignorar el día a día de estas localidades, donde las actividades productivas sostienen a las familias.
El sentimiento de desconexión también emerge en el sector minero. SONAMI señaló que más de 300 instalaciones mineras se encuentran dentro de los sitios prioritarios establecidos, lo que genera un temor real de que sus operaciones se paralicen o se restrinjan fuertemente.
Para estas actividades, la incertidumbre jurídica y económica representa una adversidad. El futuro se torna sombrío y se percibe la amenaza inminente de que la autoridad, por tratar de proteger el medio ambiente, termine comprometiendo, por decisiones erróneas, el futuro de miles de personas que dependen de estas actividades.
La incertidumbre de las pequeñas y medianas mineras
Se recalca la vulnerabilidad de las pequeñas mineras en este escenario. Estas enfrentan altos costos operativos, limitaciones tecnológicas y un entorno que rara vez favorece la estabilidad. La posibilidad de que sus terrenos se incluyan en estos sitios, además de impedirles operar, provocaría una serie de consecuencias que las llevarían al borde de la quiebra y amenazarían a sus proveedores.
La necesidad de cumplir con medidas de compensación ambiental, las exigencias de nuevas evaluaciones de impacto ambiental y la complejidad de los permisos sectoriales podrían disparar los costos de forma insostenible. Asimismo, la falta de una reglamentación clara, frente a la urgencia de un marco de seguridad jurídica, amplifica la incertidumbre económica.
La situación de Aysén parece ser solo el reflejo de un problema más grande. La aplicación de la ley se percibe como una imposición desde el centro que excluye las particularidades del territorio. Las voces de las comunidades locales se alzan contra la escasa participación y la sensación de quedar apartados de decisiones que afectan directamente sus vidas.
Lecciones de la salmonicultura
Frente a los impactos de la Ley SBAP, podemos observar los ecos de la experiencia vivida por la salmonicultura, cubierta por nuestro medio hermano InfoSALMON. Esto debería servir como una advertencia. La industria acuícola enfrentó contextos similares con la implementación de normativas ambientales que se establecieron sin las adecuadas consultas a los actores locales y a la industria.
La falta de claridad y la aplicación de restricciones sin un consenso ni un diálogo sólido dejaron cicatrices en el sector salmonero. Ahora, la minería enfrenta una situación similar, con la misma sensación de que decisiones que afectan a miles de personas se toman en la distancia, alejadas de las realidades territoriales.
La clave para equilibrar protección ambiental y desarrollo productivo
Nos sumamos a los llamados para que el gobierno tome una acción equilibrada que proteja el medio ambiente sin sacrificar la sostenibilidad de las actividades productivas, y garantice la participación activa de todos los actores involucrados.
Productores, proveedores, localidades y el ecosistema de la minería tienen mucho que decir en este debate. La invitación es a materializar el diálogo, la escucha y realizar una revisión más exhaustiva y reflexiva de la ley.
Valoramos el compromiso que recientemente hizo la ministra de Minería, Aurora Williams, quien expresó su disposición a formar una mesa de trabajo para abordar las inquietudes del sector. Vemos que este es el momento para establecer un diálogo real donde se escuche a todos los actores involucrados.
Si se quieren evitar los errores del pasado, se debe actuar de forma inclusiva, sin resoluciones apresuradas y sopesando tanto las necesidades de la biodiversidad como las realidades productivas. Solo así será posible que la Ley SBAP no se convierta en un obstáculo insalvable para las faenas mineras y las economías locales.
