La minería es uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico de Chile, aporta más del 40% de los ingresos fiscales y consolida al país como una potencia mundial en la producción de cobre, su principal producto de exportación.
Sin embargo, en la última década, ese dinamismo se ha visto frenado por la caída sostenida de la inversión exploratoria en proyectos greenfield, la creciente complejidad y extensión de los permisos, así como la baja inversión en innovación, factores que reducen la competitividad de Chile frente a países que avanzan más rápidamente en atraer capital y desarrollar nuevas tecnologías.
CESCO apunta a mejorar el atractivo local para aumentar las inversiones mineras
En este contexto, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) presentó en el GAM 21 propuestas para el sector, contenidas en el documento “Reforzar lo que funciona, transformar lo que limita: Un nuevo impulso de crecimiento para Chile desde la minería”, que busca retomar una estrategia a mediano y largo plazo, alineando esfuerzos público-privados hacia metas concretas.
“El desarrollo de otros distritos mineros en el mundo seguirá avanzando y los capitales seguirán su rumbo natural en función del atractivo que tenga cada país, lo cual no es controlable. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mejorar el atractivo local para atraer las mejores inversiones a Chile”, sostuvo el director ejecutivo de CESCO, Jorge Cantallopts.
En esa línea, el gestor apuntó también a “potenciar nuestra participación en el desarrollo de proyectos en el extranjero, ya sea como productores o a través de servicios de empresas proveedoras que exportan e internacionalizan, aprovechando el know-how desarrollado por décadas”. Recalcó que Chile seguirá siendo un país minero.
Grandes objetivos de producción para los próximos años
El informe proyecta que el país podría alcanzar una producción de 6 millones de toneladas de cobre fino en cinco años y superar los 6,5 millones en la próxima década, además de avanzar hacia el millón de toneladas de litio en un plazo de diez años.
Asimismo, se espera duplicar el número de proyectos de oro, consolidar la producción de hierro por sobre los 10 millones de toneladas anuales y habilitar nuevos proyectos en minerales emergentes como tierras raras y cobalto. Todo esto, junto al desafío de duplicar cada cinco años la exportación de proveedores y conocimiento minero.
Las propuestas se estructuran en tres ejes centrales. El primero busca atraer inversiones de calidad para reactivar la minería, mediante un seguro de invariabilidad tributaria y nuevos incentivos a la exploración. El segundo, fortalecer la institucionalidad con la modernización de SERNAGEOMIN y Cochilco, la consolidación de la Política Nacional Minera 2050 y reformas en la gobernanza de CODELCO y ENAMI.
El tercer eje busca impulsar la innovación y transformación productiva, destinando parte del Royalty Minero a I+D y estableciendo una Estrategia Nacional de Innovación que aborde la minería subterránea, litio, procesamiento de sulfuros, relaves y economía circular.
Diálogo para fortalecer la industria en línea con la transición energética y la innovación
Tras la presentación del documento, se realizó un panel de discusión con destacados referentes ligados al sector, quienes analizaron el impacto de las propuestas y su viabilidad.
Entre los analistas, la académica y directora de la UdeC Santiago, Marcela Angulo, destacó que el rol de la minería en la transición energética exige una estrategia con metas claras, mecanismos de seguimiento y gobernanza sólida.
“Contamos con lineamientos de largo plazo, como la Política Nacional Minera 2050, fruto de un trabajo colectivo ampliamente difundido, pero aún carecemos de un plan de acción concreto que permita maximizar la captura de valor de nuestros recursos”, señaló.
En esa línea, destacó la experiencia de industrias emergentes como el hidrógeno verde, con el respectivo avance en métricas y seguimiento y llamó a llevar ese aprendizaje al mundo minero. Junto a esto, advirtió la necesidad de agilizar los permisos y recordó que el 70% de los plazos corresponden a trámites sectoriales.
“La nueva ley de autorizaciones sectoriales debería priorizar la cartera de inversión minera —estimada en 82 mil millones de dólares por Cochilco— y convertirse en un plan piloto que permita modernizar la regulación, eliminar duplicidades y generar mayor agilidad”, expuso Angulo.
En tanto, el ex biministro de Energía y Minería y decano de la Escuela de Negocios de la UAI, Juan Carlos Jobet, destacó la pertinencia de las propuestas y acuerdo en la mayoría de estas. Sin embargo, llamó a poner énfasis en la necesidad de evaluar el impacto real de los recursos destinados a investigación y desarrollo (I+D).
“Antes de pensar en nuevos planes, debemos asegurar que los fondos en I+D generen un impacto concreto en la industria”, indicó. Señaló que Chile cuenta con una masa crítica talentosa en sus universidades, pero existe una brecha en su vinculación con las empresas y el sistema productivo. “Ese es el espacio a mejorar si queremos que la innovación impulse la minería”, sostuvo.
Durante la conversación, la directora de Estudios de la consultora Vantaz y directora de CESCO, Daniela Desormeaux, puso el foco en ver los relaves como un activo más que como un pasivo, lo que definió como uno de los principales factores de preocupación que debe tener Chile, así como el rol del capital humano para definir la minería del futuro.
En tanto, el sociólogo y analista político, Alberto Mayol, planteó que la oportunidad de Chile radica en la sinergia entre minería y energía, que sigue sin desplegar todo su potencial, aún con ventajas competitivas. Indicó que se requiera avanzar en una estrategia de mayor articulación regional una proyección internacional de la industria con proveedores minero.
Diversidad de visiones para reimpulsar nuestra minería
El encuentro permitió contrastar visiones desde la política pública, la academia y la industria, al poner sobre la mesa los desafíos urgentes para reposicionar a la minería chilena como motor de desarrollo sostenible y competitivo.
Durante la presentación, CESCO enfatizó que este conjunto de medidas, además de buscar asegurar mayor competitividad y dinamismo para la minería, también apunta a aportar a la transición energética global, fortalecer los encadenamientos productivos y generar mayor valor compartido para el país.
