Chile tiene una oportunidad minera que no admite demoras. La transición energética y la demanda de cobre, litio y otros minerales estratégicos exigen que el país recupere dinamismo productivo y convierta sus recursos en desarrollo real. El llamado del Gobierno a simplificar la tramitación y avanzar hacia un Estado facilitador responde, en ese sentido, a una necesidad concreta: menos burocracia, certezas jurídicas, y una inversión que efectivamente avance.
La simplificación de permisos, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y los ajustes reglamentarios en curso apuntan en la misma dirección de reducir tiempos y cargas administrativas. El Ministerio de Minería ha señalado que la modificación del Reglamento de Seguridad Minera permitirá pasar de 55 autorizaciones sectoriales a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas, entre otros ajustes destinados a aliviar la permisología. Ese diagnóstico es acertado, y hay una dimensión de esta transformación que merece más atención: construir un Estado más facilitador exige, al mismo tiempo, construir un Estado con la capacidad necesaria para cumplir las funciones que ese nuevo modelo le impone.
La explicación no es compleja. Buena parte de esta modernización regulatoria traslada el centro de gravedad del control previo hacia mecanismos de cumplimiento y fiscalización posterior. Las técnicas habilitantes alternativas reducen trámites y tiempos sin renunciar, al menos formalmente, al estándar regulatorio, pero cambian de raíz la forma en que el Estado controla los riesgos. Y menos intervención ex ante exige, sin excepción, mayor capacidad de supervisión ex post.
Sernageomin: la prueba de consistencia institucional
La Contraloría General de la República identificó una brecha crítica en su capacidad fiscalizadora. Según su Informe N°18, de diciembre de 2025, el Servicio contaba con 105 fiscalizadores para más de 8.800 faenas, una cobertura de fiscalización de apenas 14% en 2024 y miles de faenas que llevaban más de dos años sin ser fiscalizadas. Más allá de las cifras, el hallazgo instala una pregunta de política pública que no admite postergación: ¿tiene sentido ampliar los mecanismos de control ex post sin haber fortalecido antes la capacidad institucional llamada a ejercerlos?
Esto no es un alegato por más burocracia ni por volver a un Estado que autorice cada decisión productiva antes de que ocurra, y tampoco supone enfrentar regulación con crecimiento, como si fueran incompatibles. Lo que está en juego es distinto, debemos avanzar hacia una regulación más inteligente, selectiva y basada en riesgo, sostenida por instituciones con capacidad técnica real.
Modernizar la institución para una minería distinta
La modernización de Sernageomin debiera formar parte explícita de la nueva agenda de institucionalidad minera. El Servicio necesita dejar atrás la fiscalización territorial uniforme y avanzar hacia un modelo basado en niveles de criticidad y riesgo. Necesita, también, herramientas de fiscalización remota, análisis de datos y tecnología capaces de multiplicar la capacidad real de sus equipos. Y necesita un sistema permanente de inteligencia sectorial, que transforme la información de fiscalización, accidentabilidad y operación minera en conocimiento útil para la toma de decisiones públicas.
Existe, además, una tarea normativa pendiente. El Reglamento de Seguridad Minera y el Reglamento de Depósitos de Relaves pertenecen a una realidad tecnológica y operacional distinta de la que enfrenta hoy la minería. La automatización, el monitoreo remoto, la digitalización y las nuevas tecnologías de procesamiento requieren una regulación sustantiva capaz de acompañar esa transformación. Digitalizar formularios o simplificar procedimientos ayuda, pero no equivale, por sí solo, a modernizar la institucionalidad minera.
Nuestra propuesta para Sernageomin ya contiene elementos que pueden servir de punto de partida. Lo relevante es que esas propuestas no queden circunscritas al programa de una sola administración. El desafío es convertirlas, cuando corresponda, en política institucional de largo plazo, respaldada por las modificaciones legales, reglamentarias y presupuestarias que eso exige.
La facilitación necesita un Estado con capacidad real
Esta nueva etapa debiera regirse por una regla simple. Cada reducción efectiva del control previo tiene que ir acompañada de una evaluación real de la capacidad estatal necesaria para ejercer, después, el control posterior. La facilitación regulatoria no se mide solo en permisos eliminados o en días de tramitación. Se mide también en la capacidad del Estado para prevenir accidentes, fiscalizar riesgos, exigir cumplimiento y generar confianza en la industria, los trabajadores y las comunidades.
Chile no tiene que elegir entre un Estado facilitador y un Estado robusto. La minería del futuro necesita ambas cosas, y un Estado moderno se mide por su inteligencia, su especialización tecnológica y su capacidad de concentrar recursos donde el riesgo es mayor, no por su tamaño.
La modernización de la institucionalidad minera, y de Sernageomin en particular, no debiera ser una nota al pie de la agenda de facilitación, debe ser uno de sus pilares. Si queremos una minería más ágil, tecnológica y competitiva, necesitamos una institucionalidad pública a la altura de esa minería.
Chile puede construir un Estado facilitador de verdad, o puede quedarse con la versión que solo simplifica trámites y posterga lo difícil. Un facilitador sin músculo institucional no acelera la minería del futuro, alivia el presente y traslada el riesgo a quien venga después.
El autor es Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero de Chile (CAMMIN), abogado con más de 30 años de trayectoria en regulación minera, ambiental e infraestructura, ex Fiscal de ENAMI, ex Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco y ex Director Nacional de Sernageomin.
Las columnas de opinión son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la línea editorial de Infominería.
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