Si la Ley SBAP se aplica sin los ajustes necesarios, más de 300 instalaciones mineras podrían quedar dentro de “sitios prioritarios” y cerca de 8.900 concesiones en todo el país estarían bajo amenaza de nuevas restricciones.
Esto no es una amenaza distante: es un terremoto regulatorio que golpea directamente el ecosistema industrial que sostiene nuestra minería.
Detrás de cada faena hay miles de proveedores —de insumos, servicios, transporte, ingeniería y tecnología— que mantienen operativa la cadena productiva. Si una concesión enfrenta nuevos umbrales de permisos, la cadena de valor se tensiona. Más trámites, más compensaciones, más litigios, más incertidumbre. Y son precisamente las empresas proveedoras —en su mayoría medianas o pequeñas— las que no tienen margen para absorber ese shock.
La Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), sí tiene nobles propósitos: concentrar institucionalidad ambiental dispersa, proteger ecosistemas y crear reglas claras para la conservación. Pero en su letra actual, los incentivos y salvaguardas para no colapsar la actividad económica no aparecen con la fuerza que el país necesita.
En minería, ya hemos jugado con márgenes estrechos en la conquista de eficiencia. No podemos permitir que una regulación con buena intención se transforme en un freno brutal sin mitigaciones. Si más de 300 faenas están inmersas en nuevos polígonos de protección, ¿quién responderá hoy por los contratos que se paralizan? ¿Quién sostiene a los proveedores atrapados entre operaciones detenidas y normas por cumplir?
Este es el momento de actuar con sentido común: exigimos que los reglamentos del SBAP incorporen con urgencia cláusulas transitorias, criterios técnicos sectoriales y mecanismos de flexibilización para que proveedores y faenas en operación puedan adaptarse con gradualidad. La mesa de trabajo que Sonami ha solicitado debe tener carácter vinculante y deliberativo.
Desde Aprimin hacemos un llamado a abrir un diálogo real con los proveedores mineros, para diseñar una implementación responsable que resguarde el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad.
Proteger la biodiversidad es un deber ineludible; pero no puede hacerse a costa de desmantelar el motor industrial que impulsa el desarrollo del país. El futuro de la minería chilena —y de los miles de empleos y empresas que la sostienen— lo demanda.
