El gobierno de Javier Milei ha dado un paso decisivo en su política de desestatización al confirmar el retiro definitivo del Estado nacional de la administración de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2/2026, se formalizó el fin de la intervención del Tesoro Nacional en este ente clave, traspasando la responsabilidad operativa y financiera a los actores locales y académicos.
Bajo este nuevo esquema, la gestión minera regional quedará estructurada con una participación del 60% para la Provincia de Catamarca y un 40% para la Universidad Nacional de Tucumán. Esta medida no solo busca reducir el gasto público, sino que redefine la gobernanza de uno de los yacimientos históricos de oro y plata en el país vecino.
Nueva gobernanza y desafíos de la gestión minera regional
La reforma legal establece que el directorio de YMAD ya no contará con representantes designados por la Casa Rosada. En adelante, la presidencia y dos vocalías serán potestad de Catamarca, mientras que las otras dos plazas corresponderán a la Universidad de Tucumán. Este cambio impulsa una gestión minera regional que, según el decreto, se regirá bajo las normas del derecho privado para agilizar procesos de contratación y competitividad.
La salida del Estado nacional busca dotar a la empresa de mayor autonomía comercial y blindar las arcas fiscales de futuros compromisos. Para el sector minero chileno y regional, este movimiento es una señal clara del giro hacia la eficiencia operativa que busca imponer la administración de Milei en el Cono Sur.
