Chile enfrenta un momento complejo en términos sociales y políticos. Las elecciones presidenciales de este año han reflejado nuevamente la profunda división que atraviesa el país. El tema central del debate electoral, la seguridad, pone de manifiesto una sensación de temor arraigada y una presión que la política no ha logrado abordar de forma efectiva.
Sin embargo, una de las formas de enfrentar este gran desafío no está solo en la “mano dura”. Gran parte de la solución pasa también por superar el deterioro social e institucional y apostar por una estrategia integral que involucre urbanismo, territorio y en la que la minería y otras industrias puedan aportar significativamente.
El país necesita un enfoque que vaya más allá de la reacción frente a la inseguridad. Si bien son necesarias medidas de choque contra el crimen organizado transnacional, también debemos reconocer que la falta de cohesión social y la creciente sensación de abandono en diversas comunidades alimentan un ciclo de quiebres que se traducen en violencia.
Superar esta marginalidad social, entendida como la falta de oportunidades reales para las personas, es clave para empezar a resolver los dramas que vivimos hoy. Es aquí donde la minería, un sector tan relevante para nuestra economía, tiene un papel imprescindible que desempeñar, no solo desde el punto de vista económico, sino también en la construcción de comunidades más cohesionadas y, por ende, más seguras.
Es categórico que la contribución de la minería no se limite solo a las riquezas que mueve, imprescindibles, sino que también conciba su rol como motor de transformación social. Reconocemos, pero también instamos a que, con mayor fuerza, la riqueza que genera se traduzca en bienestar tangible para las comunidades.
La clave de la planificación territorial
El urbanismo y la planificación territorial tienen un papel crucial en este proceso. El diseño de los barrios y los espacios públicos debe ir más allá del entorno habitado, y debe buscar que los habitantes se identifiquen con su ciudad.
El desarrollo de barrios convocantes, con áreas de encuentro, es esencial para frenar el ciclo de violencia, tema central del actual debate político que, quizás, se reflejó con más fuerza en el “estallido social”. Sabemos que, en parte importante, fue una expresión de violencia, pero también es fundamental abordar sus causas subyacentes sin reducirlas a explicaciones simplistas.
Ciudades que se planifiquen o replanifiquen adecuadamente, como hemos visto en otras partes de América Latina, como Medellín, juegan un papel importante en la prevención de la delincuencia.
Por lo mismo, es necesario que el Estado, en conjunto con las empresas mineras, trabajen para crear territorios donde las personas se sientan parte de un proyecto común y en los que el progreso económico vaya de la mano con la mejora de las condiciones sociales.
El rol del royalty minero
El próximo gobierno enfrenta la seguridad como desafío central. El llamado es a diseñar políticas públicas que integren de forma efectiva el bienestar territorial. Recalcamos que la minería puede aportar mucho, no solo en términos de empleo, sino también en el impulso de espacios urbanos que favorezcan la convivencia, acrecienten el sentido de pertenencia y disminuyan las tensiones sociales.
En este sentido, es esencial que el nuevo royalty minero no se vea como una herramienta que solo busque financiar el gasto del Estado, sino que se aborde como una figura para invertir directamente en las mismas comunidades.
Si estos recursos se utilizan para mejorar y mantener infraestructura urbana, educación y otros factores esenciales, se estará dando un paso importante hacia una sociedad más cohesionada, donde se confíe más en el futuro y la delincuencia pierda espacio.
Si bien es esencial, la inseguridad no se resuelve solo con más policías y cárceles; es necesaria la prevención a través de comunidades más cohesionadas, con la creación de territorios donde las personas vean oportunidades y se sientan incluidas. En este desafío, la minería, más allá de ser generadora de recursos, tiene un rol fundamental como impulsora de un país más seguro, unido y donde valga la pena invertir.
