En mayo de 2025, Perú volvió a ocupar los titulares internacionales. Esta vez, no por sus reservas minerales ni por su crecimiento exportador, sino por una tragedia que evidencia el lado más oscuro del oro: la masacre de trece trabajadores en Pataz, ejecutada por bandas vinculadas a la minería ilegal. No fue un accidente, ni un hecho aislado. Fue la expresión más violenta de un fenómeno que avanza silenciosamente en muchos territorios de América Latina: la minería ilegal como forma de captura territorial.
Este fenómeno no es solo un problema ambiental o económico, sino una amenaza directa a la institucionalidad de los países mineros. En Perú, por ejemplo, el volumen de actividad ilegal se ha multiplicado por siete entre 2005 y 2023, según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE). Como el narcotráfico, la minería ilegal erosiona la autoridad del Estado, altera el tejido social y pone en riesgo la seguridad de comunidades enteras. Pero tiene una particularidad que la hace aún más difícil de combatir: la escaza trazabilidad y un alto nivel de impunidad.
En los últimos años, el Estado peruano ha desplegado esfuerzos institucionales para frenar su expansión. Sin embargo, los desafíos son estructurales y requieren reformas profundas, con medidas concretas que apunten a desmantelar el ecosistema que hoy sostiene la ilegalidad. El caso peruano es paradigmático. El programa REINFO, creado como una vía de formalización, está funcionando desde 2017 sin éxito real, con solo un 2% de los inscritos formalizados. En la práctica, miles de operadores siguen trabajando sin cumplir estándares ambientales, territoriales ni técnicos. El programa nació como una solución transitoria, sin embargo, aún no se articula una respuesta más integral.
Entre las medidas urgentes destacan: establecer sistemas de trazabilidad obligatoria para la minería; delimitar zonas de control prioritario que permitan recuperar presencia estatal; y articular acciones con el sector privado, desde una lógica de desarrollo territorial inclusivo.
Pero el desafío excede a Perú, y la respuesta no puede ser exclusivamente nacional. El desafío de la minería artesanal, en una primera instancia, es su legalidad; solo una vez controlado este aspecto, es posible pensar en el desarrollo financiero y sostenible de este mercado.
La colaboración entre países productores es fundamental. Se requieren mecanismos de cooperación que incluyan intercambio de datos, buenas prácticas regulatorias, modelos efectivos de fiscalización y estándares comunes de trazabilidad. En este ámbito, la Empresa Nacional de Minería (Enami) en Chile, tiene 65 años de experiencia y relacionamiento con la pequeña y mediana minería, y, sin duda, cuenta con aprendizajes y una perspectiva sobre políticas públicas que podría compartir con el país vecino.
La minería del futuro – la que muchos aspiramos a construir – no solo debe ser más tecnológica y sostenible. También debe ser más integrada. Porque, ante una amenaza transnacional, la colaboración regional ya no es una opción: es una necesidad.
