Esta situación tiene su origen en los efectos que ha generado la implementación del nuevo régimen de patentes mineras introducido por la Ley N° 21.420 y sus modificaciones posteriores, normativa que alteró de manera sustantiva el sistema de amparo contemplado en el Código de Minería de Chile.
El aumento significativo del valor de las patentes, junto con nuevas exigencias administrativas para acceder a patentes rebajadas, ha generado una presión económica relevante sobre numerosos titulares de concesiones mineras. Esta situación afecta especialmente a pequeños y medianos mineros, así como a proyectos que se encuentran en etapas tempranas de exploración o desarrollo.
De mantenerse este escenario, existe el riesgo de que se produzca un proceso de remates masivos de concesiones mineras, lo que podría generar efectos nocivos en el mercado minero, alterar la estructura de la propiedad minera en el país y afectar particularmente a la pequeña minería, sector que históricamente ha contribuido al desarrollo territorial de la actividad.
La pérdida de concesiones mineras como consecuencia de un proceso de transición regulatoria mal calibrado podría derivar en un proceso de concentración de la propiedad minera y en la desaparición de numerosos titulares que hoy enfrentan dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones del régimen de amparo.
Frente a este escenario, la Cámara Minera de Chile solicita al Gobierno y al Ministerio de Minería de Chile evaluar con urgencia la suspensión transitoria de los remates de concesiones mineras asociados al no pago de patentes, con el objeto de evitar efectos irreversibles sobre la propiedad minera.
Al mismo tiempo, estimamos necesario abrir un proceso de reevaluación del actual sistema de amparo minero, particularmente en lo que respecta a su impacto en la pequeña minería, de manera de asegurar que los objetivos de la reforma puedan cumplirse sin generar distorsiones en el funcionamiento del sector.
La minería chilena se ha construido históricamente sobre la base de estabilidad jurídica y reglas claras. Resguardar estos principios resulta esencial para el desarrollo futuro del sector y para la adecuada protección de quienes participan en él.
