La desalación ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la infraestructura minera del país. En una industria que enfrenta mayores restricciones sobre las fuentes de agua continentales, el recurso marino pasó a integrarse a las decisiones de continuidad operacional, expansión productiva y financiamiento de nuevos proyectos.
Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, analizó los efectos de la nueva Ley N° 21.813 en la industria. Para él, la norma es una “señal de realidad”, porque “el agua de mar dejó de ser un complemento y se transformó en una condición de continuidad operacional, financiamiento y crecimiento”. Recordó que Cochilco proyecta que hacia 2034 cerca de dos tercios del consumo hídrico de la minería del cobre provendrá desde el mar.
Esta proyección instala una discusión que trasciende la disponibilidad del recurso. La nueva normativa incorpora reglas que incidirán en cómo las compañías estructuran sus proyectos, coordinan permisos, proyectan inversiones y definen sus obras de conducción, tratamiento y descarga.
“La pregunta, entonces, no es si la ley es buena o mala para la industria. La pregunta relevante es si las compañías están preparadas para competir bajo esta nueva regla del juego”, sostuvo Guzmán.
Un nuevo marco de concesiones
El ejecutivo explicó que uno de los puntos centrales de la ley es la creación de una concesión especial para este tipo de infraestructura. La norma reconoce servidumbres para plantas, ductos, salmueras y obras eléctricas. También permite emplazar estas instalaciones en áreas rurales y habilita la tramitación de la concesión en paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para el CEO, la buena noticia es evidente. La ley ordena un espacio que hasta ahora se movía entre concesiones marítimas, permisos sectoriales, evaluación ambiental y acuerdos prediales. “Bien implementado, esto puede reducir zonas grises, mejorar la bancabilidad de proyectos y anticipar decisiones de inversión”, afirmó.
Sin embargo, enfatizó que esta nueva certeza regulatoria amplía las obligaciones de las empresas mediante una regulación más explícita: “Más certeza no significa menos exigencia. La ley no es una vía rápida; es una regulación más explícita”.
Explicó que en este proceso será relevante el informe de la Dirección General de Aguas (DGA). A esto se sumará la incidencia que podrían tener la Estrategia Nacional de Desalinización y los planes de cuenca sobre la localización, los caudales, las descargas y las interconexiones.
La autoridad podrá exigir hasta un 5% de la capacidad de producción para consumo humano o saneamiento, indicó el analista. Esta medida afectaría el diseño, los contratos, la flexibilidad operacional y los costos.
El impacto en operaciones vigentes y futuras
Para las faenas que ya operan plantas desaladoras, el régimen transitorio entrega tranquilidad, pero no inmunidad. Las concesiones vigentes mantienen sus condiciones durante su plazo, aunque quedan bajo fiscalización, sanciones, causales de término, caducidad y obligaciones de cierre.
Sobre este ámbito, Guzmán sostuvo: “La pregunta para una operación existente no es si tiene una planta funcionando, sino si sus títulos, contratos, contingencias, permisos y planes de expansión resisten esta nueva ley”.
Para el CEO, en el caso de los futuros proyectos, el efecto será ambivalente. Si bien la tramitación paralela y la nueva institucionalidad podrían acortar tiempos cuando operen con coordinación real, los plazos también se podrían alargar si los reglamentos agregan discrecionalidad o informes sucesivos.
En este escenario, la inversión de capital o CAPEX deberá integrar estos elementos de manera anticipada. Se deberán tener muy presentes consideraciones como el sobredimensionamiento, la redundancia, el monitoreo, el manejo de salmueras, las garantías y los acuerdos territoriales, porque “la certeza, en minería, también se paga”.
Así, para el analista, la Ley N° 21.813 abre una nueva etapa. Si bien facilita el camino en términos estructurales, hace más exigente la ejecución y, en lugar de reemplazar la planificación temprana, la vuelve indispensable.
El ejecutivo detalla que tendrán ventaja las compañías que integren desde ahora exigencias como el 5%, las servidumbres, la RCA, la continuidad operacional, los escenarios de ampliación y la licencia social a su cronograma de inversión.
“Quien espere los reglamentos como espectador puede descubrir tarde que esta nueva certeza también tiene costo”, concluyó Guzmán.
