Lo planteado por el Ministro de Hacienda, en el seminario “La primera lectura de un nuevo ciclo”, organizado por Diario Financiero, al identificar la facilitación regulatoria como eje central del nuevo plan económico, marca un punto de inflexión. No se trata únicamente de una señal administrativa, sino de una definición estratégica. En ese contexto, la exploración minera aparece como uno de los ámbitos más inmediatos para generar valor, atraer inversión y proyectar competitividad.
La transición energética, la electrificación y la seguridad de suministro han reposicionado a los minerales críticos como activos estratégicos. El capital privilegia jurisdicciones con certeza jurídica, tiempos razonables y reglas previsibles. Chile cuenta con ventajas geológicas evidentes, pero esas ventajas, por sí solas, ya no bastan.
A nivel internacional, la competitividad de las jurisdicciones mineras se mide también por la eficiencia en la obtención de permisos y por la estabilidad de las reglas aplicables. En esa dimensión, la exploración temprana resulta particularmente sensible: requiere rapidez, certeza y proporcionalidad regulatoria. Cuando aquello no ocurre, los proyectos se postergan, el capital migra y las oportunidades se reducen.
Ese es precisamente el punto donde la facilitación regulatoria deja de ser un concepto general y pasa a convertirse en una herramienta concreta de política pública. En lo esencial, Chile dispone de una institucionalidad minera y ambiental seria. La exploración, especialmente en su fase inicial, es una actividad temporal, localizada y de impactos mayoritariamente reversibles. Esa realidad justifica un tratamiento regulatorio más proporcional.
No se trata de debilitar estándares ni de reducir exigencias sustantivas. Se trata de mejorar la arquitectura del sistema, ordenar sus instrumentos y aplicar criterios de riesgo que permitan focalizar el control donde efectivamente corresponde. En eso, la agenda impulsada por el gobierno ofrece una base relevante. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales avanza precisamente en esa dirección.
Desde esa perspectiva, la exploración minera debiera incorporarse de manera explícita dentro de la lógica de implementación de esta reforma. No como una excepción, sino como una aplicación natural de sus principios. Si el país aspira a dinamizar inversión, acelerar nuevos descubrimientos y sostener su posición en el mercado global, resulta razonable priorizar un segmento donde el impacto económico puede ser alto y el riesgo regulatorio, adecuadamente gestionado.
Una agenda propositiva, concreta y ejecutable
Para alinear la regulación con los objetivos de crecimiento, se requiere avanzar en medidas específicas, de rápida implementación y alto impacto:
- Tratamiento regulatorio diferenciado para exploración de bajo impacto
Avanzar hacia un tratamiento regulatorio diferenciado para la exploración de bajo impacto, habilitando procedimientos simplificados, estándares predefinidos y técnicas habilitantes alternativas cuando ello sea jurídicamente procedente.
- Ventanilla única efectiva
Consolidar un punto único de ingreso y trazabilidad completa del expediente, integrando realmente la gestión de permisos sectoriales relevantes para exploración.
- Tramitación paralela obligatoria
Evitar secuencias innecesarias y asegurar que las autorizaciones concurrentes puedan evaluarse simultáneamente, con una coordinación efectiva entre servicios.
- Estandarización técnica de permisos sectoriales
Desarrollar criterios uniformes, guías y formatos tipo para los permisos más frecuentes vinculados a campañas de exploración, reduciendo discrecionalidad e incertidumbre.
- Respuesta administrativa oportuna en casos acotados
Establecer mecanismos eficaces que aseguren decisiones dentro de plazo respecto de autorizaciones de bajo riesgo, reforzando certeza y disciplina institucional.
- Digitalización y seguimiento en línea
Fortalecer plataformas que permitan monitorear en tiempo real el estado de las solicitudes, detectar cuellos de botella y facilitar la gestión temprana de observaciones.
- Coordinación temprana con comunidades y territorio
Promover un relacionamiento oportuno con el entorno y una mejor integración de variables territoriales desde etapas iniciales, reduciendo conflictividad posterior.
La exploración minera no es una discusión marginal ni un asunto exclusivamente sectorial. Es el punto de partida de toda la cadena de valor minera y, por tanto, una condición previa para la continuidad productiva, la innovación geológica y la competitividad futura del país.
Si la facilitación regulatoria constituye hoy uno de los ejes del nuevo plan económico, la exploración minera debiera formar parte explícita de esa conversación. No solo porque representa una etapa esencial del negocio minero, sino porque ofrece una oportunidad concreta para traducir principios de modernización administrativa en inversión efectiva, creación de valor y posicionamiento internacional.
Ahora corresponde convertir esa definición general de política económica en una agenda concreta que permita explorar más, descubrir antes y competir mejor.
