El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, criticó el procedimiento utilizado por el Ministerio del Medio Ambiente para definir los 99 sitios prioritarios de biodiversidad, actualmente en consulta pública.
Según el dirigente, el ministerio “se ha saltado el procedimiento que está establecido en la propia ley”, al no dictar el reglamento que debía fijar los criterios técnicos y jurídicos para determinar dichas áreas.
“En la fijación de estos 99 sitios prioritarios no se dictó el reglamento, no se dictaron los planes ecológicos correspondientes, ni se tomó razón del instrumento que se utilizó”, afirmó Villarino.
La Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), establecía que el reglamento debía publicarse dentro de los cinco años posteriores a la promulgación, garantizando la certeza jurídica y técnica en la delimitación de las zonas protegidas.
Villarino reconoció que algunas propiedades mineras se encuentran dentro de los polígonos definidos como sitios prioritarios, aunque recalcó que “el problema no es qué áreas se ven afectadas, sino que el procedimiento utilizado no es el correcto”.
Agregó que el proceso podría no superar el control de legalidad de la Contraloría General de la República, debido a la ausencia del reglamento y de la planificación ecológica que la ley exige.
Sobre los sitios prioritarios de biodiversidad
El Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Maisa Rojas, extendió el plazo de la consulta pública durante noviembre. La autoridad aseguró que las actividades productivas actuales no se verán afectadas, sin embargo, el Consejo Minero insiste en que el proceso debe reiniciarse desde su base normativa.
“Este procedimiento se puede demorar lo que quiera, siempre y cuando concluya que debe dictarse primero el reglamento y después proceder a la determinación de los sitios prioritarios”, explicó Villarino.
A pocos días de las elecciones presidenciales, Villarino destacó que las principales candidaturas mantienen una valoración positiva de la minería, incluyendo compromisos con la seguridad jurídica y la modernización de permisos ambientales.
Propuso avanzar hacia un sistema que reduzca la judicialización de proyectos, manteniendo estándares ambientales altos y procesos más ágiles, participativos y transparentes.
“Si cumplo con los requisitos y el procedimiento se ajusta a derecho, debo tener mi permiso. Lo que no puede ocurrir es que esté en una puerta giratoria entre tribunales y ministerios”, advirtió.
El debate sobre los sitios prioritarios de biodiversidad refleja una tensión entre las metas ambientales del Estado y la necesidad del sector minero de contar con certeza jurídica y regulatoria.
La definición del reglamento SBAP será clave para equilibrar ambos objetivos y garantizar un proceso legítimo, transparente y sostenible.
